No perseguir los delitos y corrupción del pasado

Por Erik Quintanar / @ErikQuintanar

Después de un rato de mascullar y rumiar con molestia la postura de López Obrador y el nuevo gobierno de no perseguir a los grandes criminales de la política del pasado, llego a la conclusión de que en definitiva es una decisión frustrante, indignante, pero quizá no carente de sentido.

Estoy convencido categóricamente de que quienes han padecido en carne viva la muerte y el sufrimiento propios o de un ser amado a manos del Estado o del crimen organizado deben recibir justicia y reparación del daño. Es una ofensa pedirles a ellos que perdonen. Pero los crímenes de corrupción, robo de combustible, lavado de dinero, tráfico de drogas, y otro tipo de nefastos delitos son cosa distinta. Quisiéramos que se castigara a todos con todo el peso de la Ley, así debería ser, pero los recursos del Estado y de los gobernantes se perderían en el pasado si se pretendiera castigar a todos en batallas interminables, y no siempre seguros de poder ganarlas, los enemigos son poderosos. En algún punto hay que romper con el pasado para poder transformar el presente y crear un futuro distinto. La perfección no existe.

Sin obviar que no todo mundo puede perdonar a sus victimarios, en lo demás creo que la propuesta es viable y quizá necesaria. De agradecer que el Presidente se sincere en esta pretensión, en vez de solo ser omiso como habrían hecho otros Presidentes.

Si superamos la indignación y pensamos con calma, la propuesta es clara.

1. Las causas penales abiertas previamente se deben a continuar y castigar con todo el peso de la Ley.
2. Las causas nuevas abiertas a partir del 1 de diciembre se deben perseguir y castigar con todo el peso de la Ley.
3. Pero no se van a iniciar nuevas causas de delitos cometidos antes del 1 de diciembre, no desde la Presidencia, aunque pueden iniciarlas otros actores, incluso ciudadanos, en cuyo caso se deberían perseguir y castigar con todo el peso de la Ley.

Todo ello a condición imperativa de que los delitos de corrupción y crímenes cometidos a partir del 1 de diciembre efectivamente se persigan y castiguen con todo el peso de la Ley.