Que la memoria no sea tan corta. En momentos como éste, de
actos altamente mediáticos como la visita de grandes mandatarios mundiales a una
“inviolable” Toluca y la captura de grandes capos del narcotráfico como el
Chapo Guzmán, los temas de verdadero interés ciudadano suelen esconderse un
poco bajo el tapete, los únicos con los que el ciudadano puede albergar
verdaderas esperanzas de mejora en la vida pública, más allá de la parafernalia
y los flashes sobre estos grandes actos cupulares.
El pasado 5 de febrero en este México de siglo XXI, en plena
revolución digital, de la democratización de las comunicaciones y la
virtualización de la vida, de la globalización, se llevó a cabo a pie el
Congreso Popular en la explanada del Monumento a la Revolución de la Ciudad de
México con el propósito de revocar las reformas neoliberales que ha emprendido
el gobierno peñista, particularmente la (contra)Reforma Energética promulgada
el 20 de diciembre de 2013 que privatiza de facto el petróleo, los
hidrocarburos y la energía eléctrica, e iniciar una serie de acciones de
resistencia civil para lograr el cumplimiento de este decreto revocatorio
popular: la principal de ellas, una serie de marchas y manifestaciones públicas
el próximo 18 de marzo, en el aniversario de la expropiación petrolera. Y esto
se ha hecho así porque las reformas emprendidas van en contrasentido del
espíritu social y democrático de la Carta Magna mexicana, una Constitución
Política histórica por ser la primera Constitución Política social del mundo,
pero sobre todo porque tales reformas se han hecho desobedeciendo el mandato
popular. La clase política ha decidido correr el riesgo político de brincarse la
soberanía ciudadana y la ciudadanía no está dispuesta tolerarlo. Y además lo ha
hecho de un modo inconstitucional, al aprobarse las reformas sin discusión ni
paso por comisiones en el Congreso.
Acostumbrado el pueblo mexicano al autoritarismo –politeocrático
y teocrático antes, laico después-, a que las decisiones de interés colectivo,
públicas, políticas, sean tomadas heterónomamente, por Cuauhtlahtos y
Tlahtoanis entre los mexicas, Batabs y Halach Uiniks entre los mayas, Reyes y
Virreyes durante la Nueva España, Emperadores, Dictadores y Presidentes, en el
México independiente y moderno, y una oligarquía partidocrática, empresarial y
telecrática en el México contemporáneo que manipula el cuerpo legal de la Carta
Magna mediante un ente supralegal conformado por un grupo de legisladores de
varios partidos políticos, tanto de derecha como de “izquierda”, llamado “Pacto
por México”, el que se arroga atribuciones que no le ha otorgado el pueblo para
marcar la agenda nacional, y dirigidos por un Presidente impuesto por la
televisión, obedeciendo finalmente todos a un grupo de intereses
transnacionales y personales, de castas político-económicas, en donde el bien
común o el bien de la comunidad a la que se gobierna pasa de ser una aspiración
legítima a mera retórica legitimadora de sus prácticas políticas; acostumbrado
a todo ello, es encomiable la aparición de un órgano ciudadano para apropiarse
la soberanía. O mejor dicho, para ejercer su soberanía.
